Golpes, encierros durante días, humillaciones e insultos. Las imágenes publicadas por Canarias7 a partir del sumario judicial describen presuntas prácticas gravísimas contra menores migrantes alojados en centros gestionados por Quórum Social 77. Pero hay otra cuestión que exige respuestas: ¿quién debía vigilar lo que ocurría dentro de esos centros?
Una investigación judicial por presuntos malos tratos
El 2 de noviembre de 2026, Canarias7 publicó imágenes y detalles del sumario judicial de la investigación contra Quórum Social 77, entidad que gestionaba centros de acogida de menores migrantes en Canarias.
Según la información difundida por RTVC, las imágenes muestran presuntos golpes, encierros de varios días en baños, insultos degradantes y el uso de porras y pistolas láser.
La investigación alcanza a directivos, educadores, personal de seguridad e intérpretes. Se estudian posibles delitos relacionados con lesiones, vejaciones y otras conductas, incluida la posible omisión del deber de impedir determinados hechos.
Es importante recordar que se trata de una investigación judicial y que las personas investigadas conservan la presunción de inocencia.
¿Cuándo comenzaron las denuncias?
Según publicó EL PAÍS el 26 de julio de 2025, la investigación judicial contra Quórum comenzó en septiembre de 2024, después de que dos adolescentes denunciaran presuntos malos tratos en el centro Fortaleza I.
Posteriormente, un trabajador aportó un vídeo con insultos racistas y humillantes. En mayo de 2025, un parte médico con lesiones de otro menor reforzó las sospechas.
El 19 de mayo de 2025 se produjo la primera intervención policial en Fortaleza I, donde fueron detenidos nueve trabajadores y se ordenó el cierre del centro.
El 24 de julio de 2025, la Policía Canaria registró otros centros y la sede de la asociación. Se practicaron nuevas detenciones y se ordenó el cierre de otro recurso.
El 3 de marzo de 2026, la Policía Canaria registró un centro de Quórum en Puerto de la Cruz y detuvo a tres antiguos trabajadores. La investigación continuaba abierta.
Las inspecciones: una cuestión que no puede ignorarse
El caso plantea preguntas sobre la supervisión de los centros de menores en Canarias.
El 21 de agosto de 2025, EL PAÍS publicó datos facilitados por la Fiscalía:
En 2024 había 86 centros de acogida de menores migrantes.
La Fiscalía realizó 96 visitas de inspección: 56 en Las Palmas y 40 en Tenerife.
Según la aplicación del protocolo de visitas trimestrales, deberían haberse realizado más de 340 inspecciones.
Las visitas se habrían realizado con previo aviso, pese a que el protocolo establece como regla general que los centros de acogida inmediata se inspeccionen sin previo aviso.
La Fiscalía alegó limitaciones de recursos y discrepó sobre la periodicidad aplicable a determinados dispositivos de emergencia.
Estos datos corresponden al conjunto de centros de menores migrantes de Canarias, no exclusivamente a los gestionados por Quórum.
Además, EL PAÍS publicó el 31 de julio de 2025 que desde 2021 distintas administraciones habían recibido advertencias sobre presuntos malos tratos en centros de menores gestionados por diferentes entidades.
La pregunta es inevitable: ¿qué mecanismos existían para detectar estas situaciones y comprobar que los menores estaban protegidos?
El dinero público destinado a Quórum
Quórum Social 77 gestionó numerosos recursos de acogida financiados con fondos públicos.
Según los datos que recoge Gobierto Contratación, la asociación figura con 24 adjudicaciones por un importe total de 22,73 millones de euros.
Por otra parte, EL PAÍS publicó en julio de 2025 que la entidad había recibido más de 150 millones de euros de dinero público desde 2023.
Son cifras procedentes de fuentes y periodos de recopilación distintos. No deben sumarse ni confundirse: para conocer el volumen total de financiación habría que disponer de un desglose completo de contratos, convenios, encargos y pagos.
La información publicada por RTVC el 2 de noviembre también menciona una investigación sobre un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el destino de fondos públicos. Esto no significa que se haya demostrado una malversación ni que exista una condena por delitos económicos.
La respuesta del Gobierno de Canarias
Tras conocerse las nuevas informaciones, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, defendió el refuerzo de las inspecciones en las entidades que prestan servicios a menores y aseguró que existe «tolerancia cero» ante las vejaciones.
También reconoció que la saturación de los recursos de acogida está provocando situaciones «horribles».
La falta de plazas y de recursos puede explicar las dificultades de gestión, pero no justifica los malos tratos ni elimina la obligación de supervisar los centros.
Anunciar un refuerzo de las inspecciones es una medida, pero también hay que explicar cómo se controlaban estos recursos anteriormente y qué ocurrió con las advertencias recibidas.
Las preguntas que siguen pendientes
¿Qué controles realizaba el Gobierno de Canarias sobre los centros gestionados por Quórum?
¿Qué ocurrió con las denuncias y advertencias anteriores a las intervenciones policiales?
¿Se hablaba directamente con los menores durante las inspecciones y podían denunciar sin miedo?
¿Cómo se supervisaba el destino del dinero público entregado a las entidades gestoras?
¿Qué medidas concretas se han adoptado para garantizar la protección de los menores que siguen en centros de acogida?
La protección de los menores no puede quedarse en declaraciones
Cuando una Administración encarga a una entidad privada la atención de menores tutelados, sigue teniendo la obligación de garantizar que reciben un trato digno y que sus derechos están protegidos.
La investigación judicial tendrá que determinar quiénes son responsables de los hechos denunciados.
Pero también es necesario aclarar si los mecanismos de vigilancia funcionaron, qué advertencias se recibieron y qué actuaciones se llevaron a cabo.
Los menores estaban bajo tutela pública. Su protección era una obligación, no una opción. La ciudadanía tiene derecho a saber qué falló y qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir.
Fuentes consultadas
Canarias7
2 de noviembre de 2026. Información sobre el sumario judicial: «Quórum: encierros en el baño, golpes para dejar marca a los menores».
RTVC
Presunto maltrato a menores migrantes en centros de Quórum 77. 2 de noviembre de 2026.
EL PAÍS
La causa contra la ONG de Canarias se inició por una denuncia de maltrato y un vídeo con insultos. 26 de julio de 2025.
El Gobierno canario y la Fiscalía conocían los malos tratos a menores migrantes desde 2021. 31 de julio de 2025.
La Fiscalía incumple con la inspección de los centros de menores migrantes en Canarias. 21 de agosto de 2025.
Gobierno de Canarias
La Policía Autonómica registra dos centros de menores en Gran Canaria. 24 de julio de 2025.
La Policía Autonómica registra un centro de menores en Puerto de la Cruz. 3 de marzo de 2026.
Contratación pública
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