La retirada de las casas contenedor y la vivienda pública en La Palma: una reconstrucción con cuestiones pendientes
La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha anunciado que todas las personas afectadas por la erupción volcánica de La Palma que todavía residen en casas contenedor y de madera han cobrado ya el valor de las viviendas que perdieron. Según sus declaraciones, esta circunstancia permite avanzar en la retirada de los alojamientos provisionales.
De los 85 contenedores instalados inicialmente, 49 ya han sido retirados y quedan otros 36. A estos se suman las viviendas de madera, de las que también se han eliminado algunas unidades. El Gobierno considera que sus ocupantes deben disponer de un plazo razonable para abandonar estas instalaciones, aunque todavía no ha concretado una fecha límite.
Sin embargo, el anuncio abre un debate que va más allá de retirar unos alojamientos provisionales. La reconstrucción habitacional de La Palma sigue teniendo cuestiones pendientes que merecen atención.
Haber cobrado una indemnización no significa tener una vivienda
La propia consejera reconoce que algunas de las propiedades destruidas por la erupción tenían valoraciones económicas muy bajas. Por tanto, aunque sus propietarios hayan recibido una compensación, ese dinero puede resultar insuficiente para adquirir otra vivienda o construirla en las condiciones actuales del mercado inmobiliario.
Es una realidad que debe tenerse en cuenta antes de establecer plazos para abandonar los alojamientos provisionales. La indemnización económica y la recuperación efectiva de una vivienda son dos cuestiones diferentes.
El Gobierno plantea facilitar el acceso a viviendas públicas a aquellas personas cuya compensación no les permita encontrar una alternativa habitacional. Para ello, ha anunciado modificaciones en la legislación específica de vivienda protegida de La Palma.
La situación urbanística anterior a la erupción también importa
Hay otro aspecto que conviene no perder de vista: las viviendas afectadas por la erupción no tenían necesariamente todas la misma situación urbanística.
La Ley 4/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de La Palma, contempla como beneficiarias a personas que eran propietarias de terrenos donde existía una vivienda habitual destruida o afectada estructuralmente por la lava, siempre que estuviera en situación legal o asimilada.
La propia legislación define como situación asimilada la de las viviendas que se encontraban fuera de ordenación.
Esto significa que el marco legal no se limita exclusivamente a viviendas plenamente ajustadas a la ordenación urbanística. Es importante señalarlo porque en La Palma existían problemas urbanísticos y administrativos anteriores al volcán.
La Bombilla es un ejemplo de una realidad que no nació con la erupción de 2021. Sus conflictos relacionados con la ordenación del territorio y las actuaciones de Costas venían de muchos años atrás.
No se trata de atribuir una misma situación a todas las personas afectadas, sino de recordar que las circunstancias de las propiedades anteriores a la erupción eran diferentes y que deben analizarse como tales.
480 viviendas públicas previstas, pero solo 42 finalizadas
La vivienda pública constituye otro de los grandes asuntos pendientes de la reconstrucción.
Según los datos publicados por el Observatorio Canario de la Vivienda en junio de 2026, La Palma contaba con 480 viviendas incluidas en promociones públicas:
42 viviendas finalizadas.
116 viviendas en construcción.
322 viviendas pendientes de ejecución o licitación.
Es decir, aproximadamente dos tercios de las viviendas contabilizadas todavía no habían llegado a la fase de construcción.
Estas cifras permiten distinguir entre los anuncios de nuevas promociones y las viviendas que realmente están terminadas y disponibles para su adjudicación.
También hay que tener en cuenta que una vivienda finalizada no significa necesariamente que ya esté entregada y ocupada.
La vivienda pública no puede limitarse a los afectados por el volcán
La necesidad de vivienda en La Palma no comenzó en septiembre de 2021.
Antes de la erupción ya existían familias con dificultades para acceder a una vivienda y personas inscritas en los registros de demandantes que esperaban una solución habitacional.
En abril de 2026, el portavoz socialista en el Cabildo, Borja Perdomo, hizo referencia a 1.143 personas demandantes de vivienda pública en la isla, según datos del Instituto Canario de la Vivienda obtenidos mediante una consulta parlamentaria.
Se trata de una cifra que pone de manifiesto la dimensión del problema habitacional y que no puede quedar al margen de las políticas de reconstrucción.
De hecho, la Ley 4/2024 contempla expresamente que las viviendas protegidas de La Palma también atiendan a quienes residen en la isla y demandan una vivienda de esta clase.
En los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte se establece una preferencia para determinados propietarios afectados por la erupción. Las viviendas que queden disponibles podrán adjudicarse a otras personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda. Asimismo, las promociones de otros municipios se destinan a las personas inscritas en dicho registro.
Por tanto, la legislación reconoce que la emergencia habitacional de La Palma tiene más de un colectivo afectado.
Una reconstrucción que debe responder a toda la isla
La retirada de los contenedores y las casas de madera puede representar el final de una etapa provisional para muchas familias. Pero ese proceso debe ir acompañado de alternativas habitacionales reales y no solamente de plazos administrativos.
Tampoco debemos olvidar a quienes llevan años esperando una vivienda pública sin haber perdido su casa por la erupción.
Las cifras de viviendas proyectadas, terminadas y pendientes muestran que todavía existe una distancia considerable entre los planes anunciados y las soluciones habitacionales disponibles.
La reconstrucción de La Palma necesita atender a quienes perdieron su hogar, pero también debe servir para afrontar un problema de vivienda que ya existía antes del volcán.
La emergencia volcánica no puede hacer invisible la emergencia habitacional que afecta al resto de la población palmera.
Fuentes consultadas
El Time – El Gobierno plantea dar un plazo para abandonar las casas contenedor (10/11/2026).
BOE – Ley 4/2024, de 26 de julio, sobre vivienda protegida en La Palma.
El Time – Estado de las 480 viviendas públicas previstas en La Palma (13/06/2026).
La Palma Ahora – 1.143 personas esperan una vivienda pública (15/04/2026).
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