Feijóo quiere sustituir el Ingreso Mínimo Vital por una Renta de Activación: ¿protección social o más condiciones para recibir una ayuda?

 


La propuesta de Alberto Núñez Feijóo de sustituir el actual Ingreso Mínimo Vital (IMV) por una nueva prestación denominada «Renta de Activación» abre un debate que afecta directamente a miles de familias que dependen de esta ayuda para salir adelante.

Según el anuncio recogido por El Mundo, el Partido Popular plantea agrupar el IMV y los subsidios actuales en una única prestación orientada a facilitar la incorporación al mercado laboral.

La propuesta contempla acuerdos individuales de formación y búsqueda de empleo, seguimiento de los beneficiarios y posibles sanciones para quienes rechacen reiteradamente ofertas de trabajo consideradas adecuadas sin causa justificada. La consecuencia podría ser la pérdida de la ayuda.

Feijóo defiende que la nueva prestación será compatible con el empleo desde el primer día y que las personas que no puedan trabajar por incapacidad o dependencia mantendrán una protección específica.

Sobre el papel, la propuesta se presenta como una fórmula para facilitar el acceso al empleo. Pero hay cuestiones que merecen una reflexión mucho más profunda.

¿Es necesario cambiar el IMV para fomentar el empleo?

El Ingreso Mínimo Vital ya contempla la compatibilidad con determinados ingresos procedentes del trabajo y establece obligaciones para sus beneficiarios.

Por tanto, fomentar el empleo no es una novedad. La diferencia estaría en el mayor condicionamiento de la prestación y en las consecuencias que podrían aplicarse a quienes incumplan los compromisos laborales.

Pero ¿qué ocurre con quienes quieren trabajar y no encuentran empleo?

No todas las personas tienen las mismas oportunidades. La edad, la formación, las responsabilidades familiares, la salud, la movilidad y el lugar de residencia pueden convertirse en obstáculos importantes.

En territorios como La Palma, además, las oportunidades laborales no son iguales en todos los municipios. La disponibilidad de transporte, la estacionalidad y las características del mercado laboral condicionan las posibilidades de encontrar trabajo.

Exigir que una persona busque empleo puede ser razonable. Pretender que todas tengan las mismas posibilidades de conseguirlo es otra cuestión.

Los afectados por el IMV: una realidad que no puede ignorarse

Hay otro asunto que debería formar parte de cualquier debate sobre el futuro de esta prestación: las personas que han recibido reclamaciones de cobros indebidos.

Muchas familias han tenido que enfrentarse a devoluciones de cantidades que la Administración considera indebidamente percibidas, en ocasiones después de largos periodos de tiempo.

La fiscalización del Ingreso Mínimo Vital por parte del Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto problemas relacionados con los retrasos en las revisiones, la gestión de los expedientes y la reclamación de cantidades.

También ha señalado la necesidad de mejorar los sistemas de información y publicar estadísticas más completas.

Esto plantea una contradicción que merece atención: mientras se estudia cómo exigir más obligaciones a los beneficiarios, todavía existen deficiencias administrativas que afectan directamente a esas mismas personas.

¿Quién responde cuando la Administración se retrasa, revisa tarde un expediente o reclama una deuda años después?

¿Qué pasará con quienes ya reciben el IMV?

La propuesta de Feijóo deja abiertas preguntas fundamentales:

  • ¿Se respetarán las prestaciones que ya están reconocidas?

  • ¿Se revisarán los expedientes de los actuales beneficiarios?

  • ¿Tendrán que firmar nuevos acuerdos de búsqueda de empleo?

  • ¿Qué ocurrirá con las personas mayores de 50 años que encuentran dificultades para acceder al mercado laboral?

  • ¿Qué protección tendrán quienes no puedan trabajar por circunstancias familiares o personales?

  • ¿Qué sucederá con quienes tienen reclamaciones de cobros indebidos pendientes?

No se puede afirmar que todos los beneficiarios perderían automáticamente sus ayudas. Para conocer las consecuencias reales habría que esperar al desarrollo legislativo y a sus garantías.

Pero estas preguntas deberían tener respuesta antes de convertir una propuesta electoral en una reforma de la protección social.

Una Administración que también debe cumplir

Feijóo propone evaluar a los servicios públicos de empleo por los puestos de trabajo que consigan.

Es una idea que abre otra cuestión interesante: si los beneficiarios deben cumplir obligaciones para conservar una prestación, ¿qué responsabilidades deben exigirse a los organismos públicos encargados de ayudarles?

No basta con pedir a una persona que busque empleo. También hay que ofrecer formación, oportunidades reales y servicios de intermediación laboral eficaces.

La responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre quien se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Cambiar el nombre no soluciona el problema de la pobreza

El Ingreso Mínimo Vital necesita mejoras. Los problemas de gestión, los retrasos, las reclamaciones de cantidades y las dificultades para llegar a todas las personas que necesitan esta prestación son cuestiones que deben resolverse.

Pero la solución no puede consistir simplemente en endurecer las condiciones para recibir una ayuda.

El IMV no es un premio por estar desempleado. Es una prestación destinada a garantizar unos ingresos mínimos a las personas y hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Fomentar el empleo es importante, pero también lo es garantizar que nadie quede desprotegido porque no consigue encontrarlo.

Y aquí queda una pregunta que debería estar presente en cualquier debate sobre el futuro del IMV:

Si los beneficiarios tienen que demostrar que cumplen sus obligaciones ¿Quién exige responsabilidades a la Administración cuando es ella la que falla?.




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