¿Cuánto han cobrado los afectados por el volcán que todavía viven en casas contenedor? ¿Y qué ocurre con quienes conservan su vivienda, pero no pueden regresar a ella?
La situación de las personas que continúan alojadas en viviendas modulares en La Palma vuelve a estar de actualidad. Las administraciones están retirando contenedores y enviando requerimientos a algunos ocupantes para que abandonen estos alojamientos provisionales. Pero detrás de esta situación hay historias distintas que conviene separar y un problema en La Bombilla que viene de mucho antes de la erupción de 2021.
La Bombilla: un problema que no empezó con el volcán
Para comprender lo que ocurre hoy, hay que retroceder más de dos décadas.
En el año 2000, la Administración adjudicó la redacción del proyecto de actuación medioambiental integral de la playa de La Bombilla. En abril de 2006, la Dirección General de Costas declaró de utilidad pública la actuación e inició los trámites de expropiación de los terrenos necesarios.
El proyecto pretendía recuperar y ordenar el litoral, eliminar determinadas ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre y restaurar ambientalmente la zona.
El conflicto llegó a los tribunales. En noviembre de 2013, El Apurón informó de que la Audiencia Nacional había desestimado el recurso presentado por varios particulares y una asociación de vecinos contra la aprobación del proyecto.
No estamos, por tanto, ante una problemática nacida con el volcán. La situación administrativa y urbanística de La Bombilla llevaba años siendo objeto de actuaciones oficiales y controversias judiciales.
Fuentes:
Un expediente que seguía sin resolver años después
Los documentos oficiales permiten comprobar que el proyecto de Costas no se limitó a una propuesta inicial. En 2010 y 2011 se publicaron nuevos anuncios relacionados con la necesidad de ocupar terrenos para el acondicionamiento del litoral entre Playa Nueva, también conocida como Los Guirres, y Puerto Naos.
Sin embargo, iniciar un procedimiento de expropiación no significa que este llegue a ejecutarse por completo. No he localizado documentación que permita confirmar que se ocuparan todos los terrenos previstos, que se abonaran los correspondientes justiprecios o que se culminara el proyecto de recuperación del litoral.
Hay otro dato relevante: las viviendas y las familias seguían allí muchos años después.
En el pleno municipal de Tazacorte del 6 de octubre de 2016 se abordó expresamente la situación de La Bombilla. El alcalde explicó que el problema seguía pendiente y defendió que no se demolieran las viviendas de las familias que no disponían de otra alternativa habitacional. También hizo referencia a las dificultades para resolver la situación con Costas.
Fuente. Acta del pleno de Tazacorte del 6 de octubre de 2016.
En 2017, el problema no había desaparecido. La situación de las familias, la legalidad de las construcciones y las necesidades básicas del barrio continuaban formando parte de las cuestiones que las administraciones tenían pendientes.
Fuente. Acta del Pleno de Tazacorte del día 27 de abril de 2017
Ese mismo año, además, se seguía hablando del abastecimiento de agua. En septiembre, El Time informó de que Los Llanos de Aridane suministraba agua al barrio, mientras Tazacorte intentaba resolver las dificultades derivadas de que su red no llegara hasta allí. En diciembre, Diario de Avisos informó de la licitación de una obra de más de 300.000 euros para mejorar el abastecimiento de El Remo y La Bombilla.
Fuentes:
Diario de Avisos: actuaciones para mejorar el abastecimiento de agua, diciembre de 2017.
El Time: reunión de los ayuntamientos con los vecinos de La Bombilla, diciembre de 2017.
Todo ello dibuja una situación que se prolongó durante años: mientras existía un proyecto para recuperar el litoral, el asentamiento continuaba habitado y las administraciones trataban de responder a las necesidades de sus residentes.
No he encontrado una resolución que permita afirmar que el expediente de Costas se archivara definitivamente. Tampoco he localizado pruebas de que el proyecto llegara a ejecutarse por completo. Lo que sí sabemos es que, cuando llegó la erupción de 2021, seguían existiendo viviendas y familias en La Bombilla.
¿Qué ocurrió con aquel expediente durante los años anteriores al volcán? ¿Se paralizó, se modificó o quedó pendiente sin llegar a culminarse? Es una cuestión que merece una respuesta documental.
La erupción agravó una situación que ya existía
La erupción del Tajogaite, iniciada el 19 de septiembre de 2021, obligó a evacuar a unas 7.000 personas y agravó la crisis habitacional de una isla que tenía 86.194 habitantes a 1 de enero de 2025, según el INE.
Las coladas cubrieron el 1,69% de la superficie de la isla, destruyeron numerosas viviendas y dejaron a muchas familias sin posibilidad de regresar a sus hogares.
A ello se sumó el problema de los gases volcánicos en Puerto Naos y La Bombilla, que impidieron a muchos residentes regresar a sus casas, incluso en casos en los que las viviendas seguían en pie.
Pero hay una diferencia fundamental: no todas las personas que viven en contenedores perdieron sus casas bajo la lava.
Algunas perdieron sus viviendas y pueden haber recibido compensaciones económicas. Otras conservan sus casas, pero no pueden utilizarlas porque todavía no reúnen las condiciones de seguridad necesarias para regresar.
En septiembre de 2022, el Gobierno de Canarias anunció un plan específico de vivienda para las familias de Puerto Naos y La Bombilla que no podían volver a sus hogares debido a los gases.
Cinco años después de la erupción, siguen existiendo situaciones habitacionales diferentes que requieren respuestas igualmente diferentes.
Las compensaciones económicas: ¿Cuánto ha cobrado cada familia?
Esta es otra cuestión que merece transparencia.
Las noticias recientes sobre los contenedores señalan que hay afectados que han recibido compensaciones por las pérdidas sufridas, pero continúan en alojamientos provisionales porque todavía no han podido acceder a una vivienda definitiva. Al mismo tiempo, hay propietarios de Puerto Naos y La Bombilla que conservan sus casas, pero no pueden regresar por los gases.
En septiembre de 2026, El Periódico de La Palma informó de que el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, había señalado que algunas personas afectadas por la erupción estaban haciendo un uso inadecuado de los módulos, mientras otras seguían necesitándolos pese a haber cobrado por sus pérdidas.
Fuente: El Periódico de La Palma, septiembre de 2026.
Por otra parte, las informaciones sobre personas que todavía viven en casas contenedor plantean una cuestión importante: ¿Qué cantidades han recibido quienes cobraron compensaciones y hasta qué punto ese dinero les permite acceder a una vivienda definitiva? Para responder con rigor, es necesario conocer los casos concretos y las cantidades acreditadas.
Decir que una persona ha cobrado no permite saber cuánto ha percibido, cómo se ha calculado la compensación ni si esa cantidad le permite acceder a una vivienda en las condiciones actuales del mercado.
Tampoco sería correcto concluir que todos los residentes de los contenedores han cobrado una indemnización. Las circunstancias de quienes perdieron sus casas por la lava no son las mismas que las de quienes conservan sus viviendas, pero siguen sin poder habitarlas por los gases.
Por eso, hay preguntas que merecen una respuesta pública:
¿Qué cantidades se han abonado en concepto de compensación por las viviendas destruidas?
¿Qué criterios se han utilizado para calcularlas?
¿Cuántas familias siguen alojadas en módulos después de haber cobrado?
¿Qué solución se ofrece a quienes no han perdido sus casas, pero no pueden regresar a ellas?
¿Qué alternativas existen para las familias que siguen sin una vivienda adecuada?
No se trata de cuestionar el derecho de los afectados a recibir las compensaciones que les correspondan. Se trata de conocer el alcance real de las ayudas públicas y saber qué problemas siguen pendientes.
Un conflicto antiguo y una emergencia todavía abierta
La documentación publicada demuestra que La Bombilla ya arrastraba problemas administrativos y urbanísticos mucho antes de 2021. Los procedimientos de Costas, las dificultades para resolver la situación de las familias y los problemas de abastecimiento de agua aparecen en documentos y noticias de años anteriores a la erupción.
El volcán agravó una situación que ya arrastraba problemas administrativos, urbanísticos y habitacionales desde mucho antes de 2021. Sin embargo, no he encontrado documentación que demuestre que el antiguo expediente de Costas se culminara antes de la erupción ni que su desenlace posterior quedara vinculado a las medidas de emergencia habitacional.
No podemos afirmar que todos los afectados que viven en contenedores procedan de La Bombilla, ni que todos se encuentren en la misma situación jurídica o económica. Pero sí podemos exigir que las administraciones expliquen con claridad qué soluciones tienen quienes no pueden regresar a sus hogares.
La retirada de alojamientos provisionales puede formar parte de la normalización de la emergencia. Sin embargo, esa normalización no debería confundirse con la desaparición de los problemas de las familias que todavía necesitan una alternativa habitacional.
Una vivienda modular es una solución provisional. La pregunta es qué respuesta definitiva existe para quienes siguen sin poder volver a casa.
Y en La Bombilla queda otra cuestión pendiente: antes de la erupción ya existía un conflicto administrativo sobre el futuro de determinadas construcciones del litoral. Años después de iniciarse los trámites de expropiación, el barrio seguía habitado y sus problemas continuaban sin una solución definitiva documentada.
Conocer esa historia es necesario para comprender el presente y exigir respuestas sobre lo que todavía queda por resolver.
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