¿Cómo se tramitan las solicitudes del IMV? ¿Cuánto tardan en resolverse? ¿Cuántas reclamaciones se presentan y cuántos reintegros se exigen a las familias? Son preguntas fundamentales para las que siguen faltando estadísticas públicas completas.
El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto importantes carencias en la información estadística pública sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En su informe de fiscalización, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre de 2026, advierte de que los datos disponibles no permiten analizar adecuadamente determinados aspectos de la gestión de esta prestación.
Según el informe, durante 2022 y 2023 se presentaron 91 solicitudes de acceso a información pública sobre el IMV a través del Portal de la Transparencia. Más del 60 % estaban relacionadas con peticiones de información estadística y el 85,71 % de estas solicitudes fueron concedidas, al menos parcialmente.
Estos datos ponen de manifiesto que existe una demanda de información que no está disponible públicamente y que, en muchos casos, es necesario solicitar expresamente para poder acceder a ella.
¿Qué información sobre el IMV sigue faltando?
El informe señala que no se publican de forma desglosada por años, comunidades autónomas y provincias datos esenciales para conocer el funcionamiento de la prestación. Entre ellos:
Las solicitudes presentadas, inadmitidas y denegadas, con sus correspondientes causas.
Los tiempos medios de tramitación.
Las reclamaciones previas y sus resoluciones.
Las reclamaciones judiciales y sus resoluciones.
La información sobre el mantenimiento y control de la prestación.
Los reintegros solicitados a las personas beneficiarias.
La ausencia de estas estadísticas dificulta conocer la evolución de los problemas administrativos, comparar la gestión entre territorios y evaluar si las dificultades se repiten a lo largo del tiempo.
La transparencia también debe mostrar los problemas de la prestación
El Tribunal de Cuentas considera que, en términos generales, se cumplen las obligaciones de transparencia examinadas, aunque también identifica incumplimientos concretos.
Entre ellos, señala que no se había publicado la memoria del análisis de impacto normativo del Real Decreto-ley 20/2020, que estableció el Ingreso Mínimo Vital, ni la resolución relativa al convenio entre el INSS y Lanbide para la gestión administrativa de la prestación en el País Vasco, anterior al traspaso de competencias.
El informe también explica que las solicitudes de información relativas a expedientes concretos pueden inadmitirse cuando quien las presenta no tiene la condición de interesado, conforme a la normativa aplicable.
Sin embargo, una cosa es proteger los datos personales y otra muy distinta es que no existan estadísticas públicas suficientes para conocer el funcionamiento general de una prestación que afecta a miles de familias.
Las personas afectadas necesitan respuestas
Desde el Colectivo IMV Afectados y Afectadas consideramos fundamental que la ciudadanía pueda conocer cómo funciona realmente el Ingreso Mínimo Vital: cómo se tramitan las solicitudes, cuánto tardan en resolverse los procedimientos, cuántas reclamaciones se presentan y qué ocurre con los reintegros exigidos a las familias.
Quienes se enfrentan a procedimientos administrativos, reclamaciones o devoluciones de cantidades necesitan algo más que cifras generales sobre el número de personas que reciben la prestación. También es necesario conocer el alcance de los problemas y disponer de datos que permitan evaluar la actuación de la Administración.
Sin estadísticas completas, desglosadas territorialmente y comparables entre años, resulta más difícil identificar deficiencias, medir sus consecuencias y exigir responsabilidades cuando la gestión de una prestación esencial falla.
Sin datos, es más difícil exigir responsabilidades
La transparencia no consiste únicamente en publicar información general sobre cuántas personas reciben el Ingreso Mínimo Vital. También debe permitir conocer las dificultades administrativas, los retrasos, las reclamaciones y los reintegros que afectan a quienes dependen de esta prestación.
Si no se publican los datos necesarios para conocer estos problemas, ¿cómo puede la ciudadanía evaluar la gestión del IMV y exigir que se corrijan sus deficiencias?
La información pública no debería ser un obstáculo que las personas afectadas tengan que superar mediante solicitudes individuales. Debe ser una herramienta para conocer la realidad, detectar fallos y garantizar una gestión más transparente y responsable.
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