El Gobierno de Canarias refuerza la inspección y la supervisión de la ayuda a domicilio y otros servicios del SAAD.
El Gobierno de Canarias ha anunciado la contratación de dos empresas para reforzar la inspección de los centros del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y supervisar la calidad de servicios como la ayuda a domicilio, la teleasistencia y la promoción de la autonomía personal. La medida supone una inversión de más de 440.000 euros (que pagamos con nuestros impuestos) y se presenta como un paso para fortalecer el control y la evaluación de los servicios financiados por la Comunidad Autónoma.
La noticia deja una cuestión sobre la mesa: ¿por qué ahora?
Si era necesario reforzar la inspección y el control de calidad, cabe preguntarse por qué no se hizo antes. La dependencia no es un sistema nuevo. Lleva años funcionando y, durante todo ese tiempo, usuarios, familiares y profesionales han denunciado retrasos, deficiencias y situaciones que han terminado, en ocasiones, en los tribunales o en los medios de comunicación.
La Consejería asegura que las reclamaciones presentadas por la ciudadanía ya se están utilizando para evaluar los servicios. Es, sin duda, una afirmación relevante. Significa reconocer que las quejas pueden aportar información valiosa para detectar problemas y mejorar la atención. Sin embargo, la nota oficial no aclara cómo se desarrollará esa supervisión, qué criterios se aplicarán ni qué consecuencias tendrá cuando se detecten incumplimientos.
La inspección y el control de calidad no deberían entenderse como una medida excepcional, sino como una parte esencial de cualquier servicio público. Porque la calidad de la atención a una persona dependiente no puede depender del municipio en el que viva, de la empresa que gestione el servicio o de que una familia decida presentar una reclamación.
El verdadero alcance de esta iniciativa no se medirá por el importe de los contratos ni por el anuncio institucional. Se medirá por los resultados. Si las inspecciones sirven para corregir deficiencias, prevenir situaciones de riesgo y garantizar una atención digna, habrán cumplido su objetivo. Si todo queda reducido a informes y procedimientos administrativos, las familias seguirán haciéndose la misma pregunta.
Vera Piedra, una voz libre desde La Palma
Enlace a la nota de prensa del Gobierno de Canarias:
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