Indemnización, vivienda social y la otra cara que no se cuenta

 

La erupción volcánica de La Palma obligó a actuar rápido. Se movilizaron recursos, se concedieron indemnizaciones y se habilitaron viviendas para quienes lo habían perdido todo. Era necesario y difícilmente discutible. Pero el paso del tiempo cambia las preguntas.

Hoy, con muchas compensaciones ya abonadas, surge un debate incómodo:

¿Debe mantenerse una vivienda de protección social cuando ya se ha recibido una indemnización?

Y junto a esa pregunta, aparece otra aún más relevante:

¿Qué ocurre con quienes ya vivían en pobreza antes del volcán y no han recibido ninguna compensación?

Aquí es donde el debate deja de ser emocional y pasa a ser estructural.

Porque conviven dos realidades:

1. Por un lado, personas afectadas por una catástrofe, que han recibido ayudas para compensar pérdidas y que, en algunos casos, mantienen acceso a vivienda pública.
2. Por otro, familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la erupción, sin patrimonio que perder, sin indemnización que cobrar, y que ahora compiten por los mismos recursos.

El sistema, tal como está planteado, mezcla ambas situaciones bajo una misma categoría: necesidad de vivienda. Pero no son exactamente lo mismo.

• La ayuda tras una catástrofe tiene un componente reparador.
• La vivienda social, en cambio, responde a una necesidad continua.

Cuando no se distingue bien entre ambas, aparecen tensiones inevitables:

• Personas que ya han recibido apoyo significativo pueden seguir ocupando recursos limitados.
• Mientras otras, que llevan años en situación precaria, siguen esperando.

No se trata de cuestionar las ayudas concedidas tras el volcán. Esa respuesta fue imprescindible.

Se trata de revisar qué ocurre después.

Porque la vivienda pública no es infinita. Y su función no es compensar indefinidamente, sino responder a la necesidad real en cada momento. Esto obliga a plantear algo que rara vez se dice en voz alta:

las ayudas deberían adaptarse con el tiempo, igual que cambian las circunstancias de quienes las reciben.

Si no se hace, el sistema corre un riesgo claro:

• Perder eficacia
• Generar agravios comparativos
• Debilitar la confianza de quienes más lo necesitan

La emergencia justificó medidas excepcionales. Pero la normalidad exige criterios claros. No basta con ayudar. Hay que saber cuándo mantener la ayuda y cuándo revisarla. Porque si no se corrige ese equilibrio, lo que nació como una respuesta justa puede terminar percibiéndose como desigual.

Vera Piedra, una voz libre desde La Palma