Volcán La Palma Viviendas públicas para quienes ya fueron indemnizados… mientras otros vulnerables siguen “infraviviendo”

 

 La reciente visita institucional a las obras de 53 viviendas públicas en Los Llanos de Aridane ha sido presentada como un ejemplo de respuesta social ante la tragedia del Volcán Tajogaite. Sin embargo, detrás del mensaje oficial se esconde una realidad mucho más incómoda: el acceso a la vivienda pública vuelve a evidenciar profundas desigualdades entre los propios ciudadanos vulnerables.

Según han explicado responsables políticos como la consejera Nieves Lady Barreto, estas viviendas se destinarán prioritariamente a personas afectadas por la erupción que aún residen en casas contenedor o de madera. Pero la propia administración reconoce un hecho clave: estos beneficiarios ya han cobrado el valor de la vivienda que perdieron, aunque no pueden adquirir otra en el mercado actual.

Este planteamiento abre un debate social inevitable. Mientras se articulan soluciones extraordinarias para quienes han sufrido una catástrofe concreta, existen miles de personas que viven en situación de vulnerabilidad estructural desde hace años, sin haber recibido nunca indemnización alguna ni prioridad real en el acceso a una vivienda digna. Familias atrapadas en chabolas o infraviviendas que siguen esperando una oportunidad que no llega.

La situación resulta todavía más sangrante si se observa lo que ocurre con otros colectivos invisibles, como los afectados por las deudas derivadas del Ingreso Mínimo Vital. Personas que confiaron en un sistema de protección social que posteriormente les reclamó cantidades imposibles de devolver, empujándolas aún más hacia la exclusión. Para ellas no hay visitas institucionales, ni anuncios urgentes, ni soluciones prioritarias.

La vivienda pública no puede convertirse en un recurso condicionado por la visibilidad mediática de una tragedia ni por la presión política del momento. Debe responder a criterios claros de necesidad, equidad y justicia social. De lo contrario, el riesgo es consolidar una sociedad donde existen vulnerables de primera y de segunda categoría.

Porque cuando la administración decide quién merece ser rescatado primero, también está decidiendo quién puede seguir esperando indefinidamente.

En La Palma no siempre recibe ayuda quien más lo necesita, sino quien tiene la desgracia más visible.

Vera Piedra, una voz libre desde La Palma