Mientras la política española se enzarza en debates constantes sobre el pasado y el enfrentamiento entre partidos, los fallos del sistema de protección de menores siguen apareciendo en silencio, afectando a quienes deberían estar más protegidos.
España habla mucho del pasado, pero guarda un silencio incómodo sobre los menores más vulnerables que dependen de sus instituciones.
Hace unos días escuché una intervención de Consuelo García del Cid Guerra y revisé algunos fragmentos de su libro Las desterradas hijas de Eva. Los testimonios que recoge sobre los internados de menores durante la dictadura de Francisco Franco resultan difíciles de leer sin una sensación profunda de inquietud.
No se trata únicamente de hechos históricos. Son historias de adolescentes enviadas a instituciones donde la disciplina, el castigo y el silencio formaban parte de un sistema que pretendía corregir a quienes no encajaban en el modelo moral dominante de la época.
Durante décadas, esas experiencias quedaron ocultas o relegadas a la periferia de la memoria pública. Hoy forman parte del debate político sobre la memoria histórica en España. Y es lógico que así sea. Conocer la historia es condición necesaria para comprender nuestras instituciones y evitar que ciertos abusos vuelvan a repetirse.
Del pasado al presente
En la política española contemporánea, la memoria histórica se ha convertido con frecuencia en un terreno de confrontación permanente. Los partidos se enfrentan por el relato del pasado, la legitimidad moral de sus posiciones y la interpretación ideológica de la historia. El debate es intenso y a menudo ocupa un espacio central en instituciones como el Congreso de los Diputados.
Pero en medio de ese ruido político surge una pregunta incómoda:
¿Qué ocurre con los problemas que existen hoy?
Porque mientras la política se enzarza en discusiones constantes sobre el pasado, hay realidades actuales que apenas reciben la misma atención. Una de ellas es la situación de muchos menores bajo tutela de las administraciones públicas.
Datos que hablan por sí mismos
Según los últimos datos oficiales, casi 52.000 menores viven actualmente bajo el sistema de protección en España, tras haber sido separados de sus familias por situaciones graves de abandono, violencia o desamparo. De ellos, más de 13.000 viven en centros de protección, dependiendo completamente del sistema público para su seguridad y desarrollo personal.
Para muchos de estos menores, el Estado no es simplemente una administración: es su única red de seguridad.
Casos recientes que alarman
En Canarias, una investigación policial destapó una red que captaba adolescentes de centros de protección para explotarlas sexualmente. Varias de las víctimas regresaban a los mismos centros tras haber sido explotadas, lo que reveló graves fallos en la supervisión institucional.
Casos como este no son completamente aislados. En distintos puntos del país han aparecido denuncias sobre menores que desaparecen durante días, redes que captan adolescentes vulnerables o centros gestionados con controles insuficientes.
Cuando estos episodios salen a la luz generan titulares durante unos días. Después desaparecen rápidamente del debate público.
La paradoja política
Mientras el pasado se discute con intensidad —y con razón—, el presente recibe atención fragmentaria y superficial. La polarización convierte casi cualquier asunto en un arma arrojadiza entre bloques ideológicos, y cuando todo se transforma en una batalla partidista, los problemas reales quedan relegados.
La protección de los menores debería ser un tema capaz de generar consenso social y político. Sin embargo, rara vez ocupa el centro del debate público durante mucho tiempo.
Las historias recogidas en Las desterradas hijas de Eva pertenecen al pasado. Pero contienen una advertencia que sigue siendo válida hoy: las instituciones pueden fallar cuando quienes dependen de ellas carecen de voz y poder.
Una democracia madura no se mide únicamente por cómo recuerda su historia. También se mide por cómo protege, aquí y ahora, a quienes no pueden protegerse por sí mismos.
Entre todos los silencios que persisten en el debate político español, quizá uno de los más inquietantes sea precisamente ese: el silencio que rodea a las menores más vulnerables.
Vera Piedra, una voz libre desde La Palma
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