«Un mayor se niega a ser trasladado de residencia y el Cabildo lo culpa de paralizar seis millones de euros».
El titular no describe un conflicto administrativo: describe una estrategia.
Cuando una sola persona se queja —aunque tenga razón, aunque la ley la ampare— la institución suele optar por el camino más cómodo: señalarla como culpable. El problema deja de ser la decisión pública y pasa a ser quien la cuestiona.
El razonamiento es perverso pero habitual: si nadie más protesta, el problema no existe. Y si existe, es porque alguien está molestando más de la cuenta.
Así, un derecho individual se convierte en capricho, y defenderlo en un acto de egoísmo. La cifra —seis millones de euros— funciona como amenaza simbólica: mira lo que cuesta que no te calles.
Pero la pregunta incómoda es otra: ¿qué clase de administración depende de que una persona renuncie a sus derechos para no colapsar?
Que nadie más reclame no significa que nadie más esté afectado. Significa miedo, resignación o cansancio. Y castigar a quien habla es una forma eficaz de garantizar el silencio del resto.
No es el dinero lo que queda paralizado. Es la capacidad de las instituciones para gestionar el desacuerdo sin buscar un culpable fácil.
Cuando el problema siempre es quien protesta, el problema ya no es individual. Es institucional.
Esto no va de un caso concreto. Va de una costumbre demasiado arraigada.
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