En 2015, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane anunciaba, con grandes titulares, la creación de listas de reserva para personal de limpieza y auxiliares de geriatría. Según declaraba la alcaldesa Noelia García (PP), la medida permitiría “garantizar la transparencia y el rigor” en los procesos de contratación municipal.
El mensaje caló rápido: por fin habría una oportunidad justa para acceder a un empleo público.
Las pruebas serían teóricas y prácticas, abiertas, con baremos claros. La promesa sonaba bien: orden, igualdad y mérito.
Pero bastó un año para que la realidad desmontara el discurso.
En marzo de 2016, El Día revelaba un dato incómodo: más de 200 de los 314 empleados municipales trabajaban en el Ayuntamiento sin haber superado jamás una oposición o prueba pública. Eran trabajadores “de toda la vida”, algunos con más de treinta años de antigüedad, incorporados “por necesidades del servicio, afinidad personal o compromiso político”. Solo 52 de ellos eran funcionarios de carrera. La propia concejal de Recursos Humanos, Lorena Hernández Labrador, admitía entonces que no se podía “funcionarizar directamente a gente que no ha pasado ninguna prueba”, aunque añadía que “tampoco se les puede dejar fuera”. En otras palabras: se reconocía la irregularidad, pero nadie estaba dispuesto a asumir responsabilidades.
En junio del mismo año, el medio El Time informaba de lo impensable: un error en las bases de las oposiciones de limpieza impedía contratar a quienes habían aprobado las pruebas. El fallo era tan grave que el propio Ayuntamiento tuvo que paralizar las contrataciones. Las personas que llevaban más de un año trabajando temporalmente se convirtieron en indefinidas por defecto legal. No podían ser despedidas. Y, por tanto, los nuevos aspirantes aprobados no podían incorporarse.
El resultado: los irregulares conservaron su puesto; los que aprobaron, se quedaron fuera.
Coalición Canaria, en la oposición, denunció públicamente “la forma de jugar con la ilusión de tanta gente”. Nunca se celebró la comisión informativa que pidieron para aclarar responsabilidades.
Tres noticias, tres fechas, tres síntomas del mismo mal: la promesa incumplida, la irregularidad estructural y el error que consolida la injusticia.
En Los Llanos de Aridane, el mérito se suspende por error administrativo. Los contratos irregulares se blindan con el paso del tiempo. Y quienes estudian, esperan, confían y aprueban… son castigados por confiar en un sistema que nunca estuvo diseñado para funcionar.
La transparencia, al final, no se mide en comunicados, sino en consecuencias. Y aquí, las consecuencias hablan solas.
Vera Piedra, una voz libre desde La Palma
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